PRENSA | Notas de interés o o

31/03/2014

Es posible derrotar al crimen organizado

Los diferentes delitos perpetrados por el crimen organizado han venido creciendo en la Argentina en los últimos tiempos. Con el paso de los años y a la par de escasas o nulas políticas públicas de intervención en la materia, la lista se ha vuelto más diversa y con hechos cada vez más frecuentes.

Los diferentes delitos perpetrados por el crimen organizado han venido creciendo en la Argentina en los últimos tiempos. Con el paso de los años y a la par de escasas o nulas políticas públicas de intervención en la materia, la lista se ha vuelto más diversa y con hechos cada vez más frecuentes.

Está claro que este fenómeno no sólo es patrimonio de nuestro país, sino que por las propias características de las redes delictivas, se multiplican en gran parte del planeta.

Por esta razón  la comunidad internacional se viene ocupando del tema. Naciones Unidas (NU) abordó la problemática en  la Convención contra el Delito Organizado Trasnacional, celebrada en Palermo (Italia) en el 2000; luego, en  2003, la Convención contra la Corrupción, sancionada en Mérida (México); ambas ratificadas por nuestro país mediante las leyes Nº 25.632 y N° 26.097.

Estos documentos constituyen verdaderos instrumentos de políticas públicas detallando de manera minuciosa, prácticas y experiencias que han generado resultados muy favorables en la lucha contra el delito organizado y la corrupción, dos  acciones delictivas que se posibilitan mutuamente.

En dichas Convenciones, se enumeran y describen los delitos trasnacionales organizados que los países firmantes se comprometen a perseguir entre los que encontramos:  contrabando de bienes y servicios diversos, tráfico de personas, trata de personas especialmente mujeres y niños, extorsión, falsificación de dinero/bonos/valores,  falsificación de documentos, fraudes de tarjetas de crédito, homicidios calificados, infiltración patrimonial, lavado patrimonial de dinero y otro tipo de patrimonio, pornografía, tráfico de armas y narcotráfico, entre otros.

Al mismo tiempo, se detallan  medidas operativas para el combate organizado de los mismos. De la aplicación de ellas depende que un grupo de países  haya comenzado a tener resultados positivos en la lucha contra el delito organizado y la corrupción, mientras otros avanzan inexorablemente hacia “verdaderos infiernos” cuyo denominador común es la impotencia oficial y la incredulidad temerosa de los ciudadanos.

Las medidas operativas que se sugieren sean implementadas a través de políticas públicas nacionales,  que  Argentina viene menospreciando de manera sistemática,  son:

a)    Una eficaz coordinación interinstitucional e interjurisdiccional entre los órganos de inteligencia, hacienda, policía, fiscalías y jueces que apunte al desmantelamiento patrimonial de empresas criminales y empresas legales ligadas a organizaciones delictivas.

b)    El combate y la prevención de la corrupción política al más alto nivel, limitando al mínimo la inmunidad e impunidad de los funcionarios. Esto debe incluir investigaciones a través de unidades autónomas de seguimiento patrimonial que operen en red con la unidad federal de inteligencia financiera para que sea así posible reunir el material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias judiciales por delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, encubrimiento, lavado del producto de delitos y financiamiento ilegal de campañas electorales.

c)    Un nivel amplio de cooperación entre estados, para incautar y decomisar activos patrimoniales ligados a grupos criminales en el territorio de cada nación y en el extranjero.

d)    Una red nacional de prevención del delito que reúna el esfuerzo del Estado con el que realizan las organizaciones no gubernamentales, que abarque factores de riesgo ligados a salud, educación, mercado laboral, violencia intrafamiliar e infraestructura social, factores que explican las razones por las que miles de jóvenes se vuelcan a bandas  y grupos criminales de mayor envergadura.

Estas son, entonces, las cuatro “ruedas” sobre las que se desplaza y avanza la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Un estudio iniciado por Edgardo Buscaglia (asesor NU en la materia) en el año 2010 y que viene monitoreando la aplicación de estas Convenciones en 107 países, indica que el motor de la implementación sostenible se asienta sobre un acuerdo político nacional y operativo entre todas las fuerzas políticas de cada país.

Así fue como en Colombia se procesó a un importante número de integrantes de los distintos poderes gubernamentales dando, al mismo tiempo, una señal clara de cambios en las reglas de juego emitida tanto a funcionarios corruptos como a grupos criminales. Hoy se aplican allí con éxito el 97% de las medidas planteadas por las convenciones mencionadas.

Una de las razones por las que Colombia pero también EEUU, Francia e Italia han logrado avances importantes en el combate y prevención de la corrupción y el delito organizado es que en forma creciente y cada vez más frecuente se sustancian causas civiles y penales y se dictan sentencias no sólo sobre personas físicas, sino también jurídicas. Italia y Colombia implementaron amplios programas de combate y prevención de la corrupción al más alto nivel devolviendo a la ciudadanía, por los resultados obtenidos, la percepción de legitimidad del propio Estado.

Del mismo estudio surge nítidamente que el caso mexicano, constituye la antítesis. Es por eso que frecuentemente es tomado como el espejo de otros estados que no logran anclar medidas efectivas contra el crimen organizado. El estado y la sociedad civil aztecas están virtualmente paralizados; esta parálisis no se termina de comprender si no se visualiza la pobre gobernabilidad política y económica que se refleja en una corrupción que no cesa de crecer. Esa corrupción al más alto nivel es la que impide la implementación de políticas públicas que en otros países han dado resultado satisfactorio.

Naturalmente, nos preguntamos: está Argentina en un camino similar al de México? Allá, frente a un estado con escasa gobernabilidad, las organizaciones criminales compiten entre si para corromper funcionarios de todo tipo y nivel y aumentar así el control sobre los diferentes mercados ilícitos.  ¿Será éste el escenario elegido por Argentina cuando el secretario de seguridad Berni elige las palabras de un criminal para explicar que del narcotráfico no hay retorno?

Felizmente, hay experiencias que desmienten ampliamente una afirmación como esa. Experiencias, en las que conviene espejarse antes de que la acción criminal organizada al amparo de la corrupción generalizada y la captura del estado alcance magnitudes sin precedentes.

Las convenciones mencionadas imponen obligaciones internacionales a nuestro país, destinadas a prevenir y a luchar contra el crimen complejo internacional y la corrupción. Esto es más que suficiente  para poner en marcha, en serio,  un conjunto de medidas que dan una chance cierta de derrotar al crimen organizado y destronar la corrupción como práctica coadyuvante.

Es requisito fundamental para que esto suceda,  la convocatoria generosa y amplia a todos los actores políticos y sociales. No para anuncios faraónicos, no para fotos ocasionales con la oposición, sino para dialogar con posibilidad cierta de discusión e intercambio.

En muchos de nosotros hay convicciones y voluntad inquebrantable de transitar dicho camino.

Es imprescindible que los argentinos sepamos si las autoridades nacionales están convencidas de avanzar en el mismo sentido  o, por omisión o complicidad, seguirán esperando soluciones mágicas al problema.

Mario Barletta

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